Escribe: Emilio Minaya Trujillo
En 2018, varios países adoptaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que desarrolla cuatro ejes temáticos: el derecho de acceso a la información ambiental, derecho de acceso a la participación pública, derecho de acceso a la justicia ambiental y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.1 El Perú firmó este Acuerdo en septiembre de 20182 y, actualmente, está pendiente de debate en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República para su posterior ratificación y entrada en vigencia en nuestro ordenamiento legal.
Diversos colectivos, organizaciones civiles y especialistas se han pronunciado a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú. No obstante, desde hace unos meses, se viene desplegando una campaña de “fake news o noticias falsas” en torno a este Acuerdo. Esto se caracteriza por la difusión de información basada en conceptos imprecisos y/o ambiguos para generar desinformación en la ciudadanía alrededor de un tema controversial, lo cual no podría ser amparado ni por el derecho de información ni la libertad de expresión.3
En este caso, se abordarán los efectos de este tipo de información en el debate público, por lo que no nos detendremos en desmentir cada fake news, los cuales ya han sido tratados por diferentes académicos/as y organizaciones de la sociedad civil.4 Nos interesa dar énfasis en la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú para las juventudes, y así precisar cómo la falsa dicotomía entre “defensa de la soberanía” y “la imposición de organismos no gubernamentales e internacionales” no contribuye a fortalecer el Estado de Derecho Ambiental, y cómo el principio de equidad intergeneracional considerado por el Acuerdo es clave para garantizar la justicia ambiental y climática.
La controversia suscitada respecto al Acuerdo de Escazú ubica a la ciudadanía en dos polos opuestos: los que defienden la soberanía del Estado y la no injerencia de entes externos, y otros que pretenden poner los intereses de grupos minoritarios y organismos externos por encima del “bien común”, entre “buenos” y “malos”, ”el desarrollo” (principalmente económico) versus “la protección excesiva del medio ambiente”. Eso constituye una falsa dicotomía, no sólo porque se sustenta en información no objetiva, sino porque reduce el debate a dos extremos que no existen en la realidad.5
Este instrumento internacional no va solucionar todos los problemas, aunque sí representa un paso importante para fortalecer nuestra legislación interna. Tampoco significa tener una postura en contra de las inversiones privadas, sino de apuntar a un desarrollo sostenible, que es parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el cual es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, respetando sobre todo a los pueblos originarios que preceden incluso a los Estados modernos.
Cuando hablamos de desarrollo sostenible y medio ambiente, nos referimos también a los efectos del cambio climático en el planeta, con consecuencias potencialmente irreversibles para la humanidad. Estamos frente a un serio problema, tanto para la actual como las futuras generaciones. En ese sentido, el Principio de Equidad Intergeneracional se encuentra reconocido en el inciso g) del artículo 3 del Acuerdo de Escazú, el cual implica que las decisiones económicas y políticas de la actual generación pueden afectar positiva o negativamente en la capacidad de las generaciones futuras de alcanzar niveles de bienestar.
En tal virtud, la ratificación del Acuerdo es importante para las juventudes, pues es necesario abogar por nuestros derechos para la participación en la acción climática, la búsqueda de justicia ambiental y la debida protección de nuestros activistas y defensores jóvenes, así como ser parte de los procesos de toma de decisión en materia ambiental, con un enfoque de género e intercultural. Las juventudes están presentes tanto en áreas urbanas como rurales, tomando en cuenta que el Principio 10 de Río resalta el goce de los derechos de participación de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, entre otros.
Recientemente, en el evento “Voces Jóvenes” organizado por la Plataforma Escazú Ahora, reunió a jóvenes defensoras ambientales que expusieron la problemática que enfrentan en sus territorios. Recordemos que el Perú está en la lista de los 8 países más peligrosos para el activismo ambiental en América Latina. 6, dos líderes ambientales jóvenes fueron asesinados: Cristian Javá Ríos, de 22 años, del pueblo Kukama Uranina, por defender su territorio comunal frente a un grupo que intentó apropiarse de este; y Roberto Carlos Pacheco Villanueva, de 34 años, por defender durante años el bosque que administraba junto con su padre en Madre de Dios.
Estos casos son muy preocupantes y requieren la inmediata respuesta del Estado, la acción colectiva de la sociedad civil y las juventudes. Con el Acuerdo de Escazú garantizaríamos un marco de protección para que estos desafortunados eventos no ocurran.
REFERENCIAS
1Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Opinión legal: El Acuerdo de Escazú. Junio, 2020, pág. 3.
2CEPAL. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En: https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la-justicia-asuntos
3ENFOQUE DERECHO. Fake news y desinformación. 21 de abril de 2020. En: https://www.enfoquederecho.com/2020/04/21/fake-news-y-desinformacion/
4Para mayor información, consultar el siguiente enlace de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental: https://spda.org.pe/diez-mitos-y-verdades-sobre-el-acuerdo-de-escazu-democracia-y-defensores-ambientales/
5En palabras Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “(…) nuestros países refutan la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías”.
6MOCICC. Perú figura en la lista de países con defensores ambientales asesinados en 2019. 5 de febrero de 2020. Enlace: https://www.mocicc.org/amazonia/peru-figura-en-lista-de-paises-con-defensores-ambientales-asesinados-en-2019/
*Imagen de portada: Diego Padilla
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